Sobre el saqueo del agua en Nuevo León

La preocupación por la crisis del agua ha crecido exponencialmente entre los habitantes de Nuevo León. Aquí algunos datos y una mirada crítica a lo que dicen los gobernantes:

Por: Bea M. Zúñiga | @beamzuniga 

El 8 de mayo, Juan Ignacio Barragán, director general de servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, anunció que además del esquema de reducción de suministro de agua por sectores en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM), comenzaría a aplicarse una reducción de la presión, o corte total del agua, a diario, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. La medida, que por el momento está planeada para aplicarse hasta el mes de agosto, fue justificada como una respuesta frente a los graves problemas de desabasto que se viven en la zona norponiente del área metropolitana. 

El funcionario hizo un llamado a la solidaridad de la población, comentando que “esta carga la vamos a tener entre todos los habitantes de la ciudad». Esa ha sido la narrativa del gobierno estatal frente a la crisis hídrica: la de una problemática que puede ser resuelta con esfuerzos individuales que respondan a nuestra responsabilidad con nuestra comunidad. ¿Pero qué finalidad tiene responsabilizar por completo a la ciudadanía de esta crisis cuando hay, al 15 de mayo, 12,505 concesiones de pozos de agua? ¿Y a qué sentido de comunidad se apela cuando se ha nutrido, por tanto tiempo, la idea del éxito individual como meta máxima y gran razón de orgullo en la sociedad regia? 

Las medidas y declaraciones del gobierno estatal no han pasado desapercibidas por activistas, organizaciones y colectivos que conocen bien los estragos de la crisis ecológica en Nuevo León. Como resultado de las inconformidades por la respuesta institucional, recientemente se consolidó el Frente de Organizaciones Ciudadanas por la Defensa del Agua de N.L. que ha convocado a manifestaciones el 22 de marzo, el 2 de abril y el 14 de mayo. El manifiesto de este frente recalca que: 

“A la sequía se le tiene que enmarcar en este contexto, en el que el gobierno se mueve hacia donde sus amigos con dinero quieran, y lo que estos quieren es más agua para mantener o incluso expandir sus ganancias. La privatización, excusada en la “ineficiencia del gobierno” es el último paso en esta pugna por el agua”.

Analizar la crisis hídrica como un fenómeno político y no solo ambiental es indispensable para comprender que la problemática no es una realidad imparable, sino el resultado de una serie de decisiones tomadas por múltiples administraciones públicas que han priorizado el interés privado sobre el bienestar público, sin siquiera considerar el eje ecológico como uno elemental en sus planes para el estado. Al respecto, desde la ecología política del agua se han estudiado las relaciones de poder entramadas en las desigualdades socioambientales, buscando desnaturalizar las desigualdades hídricas y planteando que “la forma en que se gestiona, accede, y usa el agua estará influida a la vez por condiciones climáticas y geográficas, pero además por cuestiones sociales, políticas y económicas, propias de cada territorio” (Swyngedouw, 2009 en Bravo y Fragkou, 2019). Este análisis no es algo nuevo; justamente por esto debería considerarse indignante el hecho de que, por tantos sexenios, los gobiernos a nivel local, estatal y federal, han logrado involucrarse mínimamente (si es que lo hacen) en las estrategias para contrarrestar los estragos de la crisis ambiental, sin consecuencias, cuando sus decisiones afectan directamente el desarrollo de la crisis y el impacto diferenciado que ha tenido en la población, dependiendo en gran medida por su clase socioeconómica. Es decir, las decisiones de un pequeño grupo, nuestros gobernantes, nos afectan a muchísimas personas, pero nos afectan distinto. Cuando Juan Ignacio Barragán menciona que a esta carga le debe “entrar” toda la población, ¿a qué población se refiere? 

De acuerdo con datos del Monitor de Sequía en México al 30 de abril del año en curso (datos más recientes), en Nuevo León el 88.2% de los municipios se encuentran en algún nivel de sequía (desde moderada hasta excepcional). Por otra parte, si lo analizamos desde el porcentaje del territorio del estado, tan solo un 4.5% del territorio de Nuevo León se encuentra sin afectación por la crisis hídrica, que forma parte de una crisis ecológica mayor que aqueja a la entidad. Comparándolo con el resto del país, Nuevo León se posiciona como el segundo estado con mayor porcentaje de sequía extrema en su territorio.

Nivel de sequíaPorcentaje del territorioKm2 afectados
Sin afectación4.5%2,921.58 km2
Normalmente seco36.6%23,762.18 km2
Sequía moderada30.3%19,671.97 km2
Sequía severa10.7%6,946.86 km2
Sequía extrema17.8%11,556.47km2
Sequía excepcional0.1%64.92 km2

Si bien queda claro que la mayoría del territorio se ve afectada por la crisis hídrica, es importante señalar lo comentado por Villanueva Hernández, Jáuregui Díaz y Ávila Sánchez (2021) en “La huella hídrica histórica de las principales industrias de Nuevo León”, artículo en el que se analiza el consumo de agua de las industrias acerera, refresquera y cervecera, durante el último siglo en Nuevo León; de acuerdo con sus hallazgos, y con base en otras investigaciones realizadas por el INEGI y la CONAGUA, se estimó que la huella hídrica de dichas industrias ha sido de: 23 km3 de agua para el acero; 3 km3 de agua para el refresco; y 1 km3 de agua para la cerveza. Los autores y la autora ejemplifican estas cifras comparándolo con el consumo de agua de la población de la ZMM durante el 2015, teniendo como resultado que la huella hídrica de estas tres industrias equivale a lo necesario para abastecer a 4.5 millones de personas por 148 años. Esto es sin considerar los pozos concesionados a la industria agrícola, la cual, en 2022, cuenta con 5,552 pozos, es decir, un 44% del total, al menos de acuerdo con los datos del Registro Público de Derechos de Agua de la CONAGUA. 

Las autoridades señalan que el consumo de agua “por persona” en Nuevo León excede las cantidades diarias recomendadas por la OMS, pero este hecho no puede ser señalado de manera aislada sin comentar: ¿cómo se distribuye y distingue este consumo por zonas geográficas de la ZMM? Hacer un promedio del consumo por persona por toda la ZMM, sin considerar las diferencias socioeconómicas y de la infraestructura en cada municipio y colonia es hacer un diagnóstico engañoso; tampoco se puede hablar del consumo personal sin hacer mención del enorme consumo de las grandes industrias localizadas en el estado norestense. 

El agua es considerada por la Constitución Mexicana, así como por las Naciones Unidas, como un derecho humano, es decir aquellos que son inherentes a las personas, sin embargo, esto no se ve reflejado en las colonias y municipios más afectados por la cuestionable gestión de la crisis hídrica, donde cada vez son más comunes los recortes de agua por días seguidos. Si bien esto no es algo nuevo, pues siempre han existido zonas de la ciudad en donde la administración pública no ha cumplido su deber y cuya población ha vivido sin un servicio de agua confiable y digno por décadas, las recientes medidas del gobierno estatal han evidenciado aún más la mala gestión pública que se ha llevado a cabo por años, así como las preferencias de nuestras autoridades: reaccionar en lugar de prevenir, y la iniciativa privada sobre el bienestar público. 

La crisis ecológica, y dentro de la ella la crisis hídrica, está mostrando ya algunas de sus consecuencias que, de acuerdo a los diagnósticos internacionales, continuarán empeorando en las próximas décadas a menos de que todos los niveles de gobierno, así como la comunidad internacional, la sociedad civil y las personas mismas, hagamos cambios en nuestro consumo, políticas públicas y en general, en nuestra concepción de la naturaleza y nuestra relación con ella. Es urgente hablar de la gestión gubernamental de esta crisis y sus grandes áreas de oportunidad y deudas en el tema; del uso indiscriminado de los recursos naturales por las industrias privadas; y del efecto diferenciado que tienen los estragos de esta crisis en la población dependiendo de la dirección de su vivienda y clase socioeconómica. Esta no es una crisis de solidaridad ciudadana, ni es cierto que toda la población de la ZMM se vea obligada a hacerle frente de la misma manera, porque no es para nada lo mismo llenar piscinas para diversión personal o explotar pozos concesionados para el enriquecimiento, que llenar cubetas para intentar cubrir las necesidades familiares básicas. 

Referencias: 

Escasez hídrica, género, y cultura mapuche. Un análisis desde la ecología política feminista

La huella hídrica histórica de las principales industrias de Nuevo León.

Monitor de Sequía en México 

Manifiesto del Frente de Organizaciones Ciudadanas por la Defensa del Agua de NL 

Registro Público de Derechos de Agua de la CONAGUA 

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