Los problemas de la burocracia en la Fiscalía

La ley permite al gobernador generar una solicitud para remover al fiscal; pero lo que más llama la atención no es la remoción, sino la selección de un nuevo fiscal, que establece un marco legal problemático 

Por: Roberto Juárez López

Después de casi dos semanas de intensa búsqueda por parte de su familia, el pasado jueves 21 de abril se halló sin vida a Debanhi Escobar. Mientras que se buscaba a Debanhi, las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de otras mujeres con reportes de búsqueda, esto también tan solo unos días después del reconocido caso de María Fernanda Contreras. Todos estos hechos ocurren dentro de un contexto donde Nuevo León es el segundo estado con mayor cantidad de feminicidios. El 30% del total de las personas desaparecidas son mujeres.

A partir de dichos casos y las controversias surgidas debido al mal manejo de los casos por feminicidio de la Fiscalía de Nuevo León, distintas colectivas feministas, así como la sociedad civil en general, comenzaron a manifestarse en contra de la Fiscalía estatal y la administración de Samuel García. Estos hechos se desenvolvieron hasta el punto en que se llegó a exigir la destitución del fiscal Gustavo Adolfo Guerrero. La controversia tomó más fervor entre los colectivos cuando Samuel García difundió un video en sus redes sociales donde mencionaba que desconocía el caso y solo se limitaba a pedir a la Fiscalía una mayor transparencia con el mismo; posteriormente se deslindo aún más de la investigación y el quehacer de la Fiscalía.   

Más allá de las críticas que han surgido debido a los tonos cínicos de Samuel Garcia, resalta la contradicción que esto supone. Recordando que justo el año pasado, durante el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, enunció un discurso donde no solo aseguraba que su administracion y la Fiscalia tendrían una tolerancia cero sobre los casos de feminicidio, sino también que se había “llegado a una coordinación con la Fiscalía del estado, con la Secretaría de Seguridad Pública y con Fuerzas Federales y locales para decirles a todos que ya estuvo, que va a haber cero tolerancia a feminicidas, a violadores y agresores”.

Toda esta controversia colocó en el debate público el tema de la remoción del fiscal y el poder que Samuel García, como representante del ejecutivo, tenía en temas de seguridad pública y sobre la Fiscalía en general.

La realidad es que los procesos para destituir al fiscal general, Adolfo Guerrero, que preside la institución desde 2018, son bastante estándar. Acorde a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León, y debido al carácter autónomo de la Fiscalía, se establece en el artículo 48 que “podrán ser removidos de su cargo por el Congreso del Estado, a solicitud del Gobernador del Estado”, consecuentemente, el Congreso del Estado debe de votar la solicitud, teniendo que conseguir el voto de dos terceras partes de los integrantes.  

Lo que más llama la atención no es la remoción, sino la selección de un nuevo fiscal. Como tal, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León, establece un marco legal complicado y oneroso; donde se especifica que, por medio del postulado de organizaciones civiles, empresas privadas y demás, se debe de seleccionar nueve miembros civiles para conformar el Comité de Selección, los cuales serían aprobados por el Congreso. Dicho Comité estará a cargo de seleccionar un nuevo fiscal general. Lo pesado de esta ley son los requisitos de perfil solicitados para conformar el Comité, que van desde no haber tomado parte en ninguna actividad o labor política en los últimos 10 años (partido, elecciones, instituciones públicas), hasta no tener ningún parentesco de hasta tercer nivel con algún integrante de la legislación estatal. 

En apariencia, podrían lucir como mecanismos ideales para garantizar la neutralidad política de la fiscalía, sin embargo, en la práctica resultaron ser procesos de lo más ineficientes, al grado de que no se ha podido conformar un Comité de Selección. Al final, la Ley Anticorrupción solo ha dejado un rastro de procesos a medias, amparos por discriminación y ha convertido el proceso de seleccionar un nuevo fiscal como un camino sin fin que es preferible no iniciar en primer lugar, dejando así al fiscal Adolfo Guerrero en una posición casi intocable.

Ultimadamente, el caso de Debanhi Escobar ha llamado la atención de medios y organismos internacionales, haciendo hincapié en el aumento de los feminicidios en México, haciendo paralelismos del caso de Monterrey con el de Ciudad Juárez en la década de los 90. Según el CNB, desde el comienzo del 2022 han desaparecido 41 mujeres en Monterrey, 1790 mujeres desaparecidas y sin localizar en los últimos 50 años, de las cuales, el 90% desapareció desde el 2010. En una frase, Monterrey vive una nueva ola de feminicidios.

Comparte en:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp