La precariedad de las Comisiones locales de Búsqueda

Nuevo León es el cuarto estado de la república con más personas desaparecidas (6 mil 180). Esta crisis rebasa la capacidad del Estado para llevar a cabo la búsqueda y localización de personas. Aquí te contamos cómo funcionan las Comisiones Locales de Búsqueda que son parte fundamental del proceso

Por: Paulina Sánchez Hernández | @_paulinna19

Nuevo León es el cuarto estado de la república con mayor número de personas desaparecidas. Según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas, existen 6 mil 180 personas desaparecidas en la entidad. Esta cifra coloca a Nuevo León detrás de Jalisco (14 mil 938), Tamaulipas (11 mil 925) y el Estado de México (10 mil 823). En total, a nivel nacional, hay 99 mil 325 personas desaparecidas. 

Ante la gravedad de la crisis de personas desaparecidas, en 2017 se publicó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que entre varias cosas, plantea la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda.  

En ese mismo esfuerzo, en 2021 se elaboró el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y no localizadas (PHB). Este protocolo tiene como propósito homologar procesos de búsqueda en los que intervienen varias autoridades para “ayudarles a organizarse, planear actividades de búsqueda, coordinarse entre sí, distribuir labores, evaluar su trabajo, y lo más importante, garantizar los derechos de las personas desaparecidas y sus familias en los procesos de búsqueda”.

Los esfuerzos para la Búsqueda de Personas dependen en gran medida de la actuación de las Comisiones Locales de Búsqueda en coordinación con las Fiscalías estatales, policías locales y juzgados; sin embargo, a pesar de que estos organismos tienen un rol claro, funcionan casi sin recursos.

Durante las protestas realizadas por el feminicidio de Debanhi Escobar el fin de semana pasado, el gobernador de Nuevo León platicó con mujeres y familiares de personas desaparecidas afuera del Palacio de Gobierno.

En dicha reunión, el gobernador reveló que existe “una comisión de búsqueda muy austera con 8 personas” y que, por eso, el lunes pasado, se recortaron recursos para asignar 50 millones de pesos a la Comisión Local de Búsqueda. Así mismo, informó que se va a cuadruplicar el personal y la capacidad del Estado en dicha comisión. A pesar del insuficiente número de personas en la Comisión Local de Búsqueda en Nuevo León, las demás Comisiones Locales de Búsqueda funcionan con ese nivel (o menos) recursos en el resto del país.

En 2021, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas realizó una visita a México en conformidad con el artículo 33 de la Convención sobre desaparición forzada. Dentro de sus hallazgos encontró que las comisiones estatales de búsqueda operan sin recursos, e incluso, el personal de las comisiones ha aportado recursos propios o ha solicitado el apoyo de las víctimas para llevar a cabo las búsquedas. 

Igualmente el informe del Comité señala que “por lo que respecta a los recursos humanos, el Comité toma nota de que varias de las comisiones locales siguen siendo unipersonales”, es decir, en varios estados de la república las comisiones de búsqueda se conforman únicamente por una sola persona. 

Siguiendo esa misma línea, el informe también detalla que “el carácter temporal de los contratos del personal de la Comisión Nacional de Búsqueda y de las comisiones locales les sitúa en una situación de precariedad laboral incompatible con la complejidad y sensibilidad de sus funciones”. Todo esto limita las posibilidades de atender los procesos de búsqueda e investigación de manera efectiva.  

Una persona desaparecida es “una persona que no se sabe dónde está y que, de acuerdo a la información disponible, puede estar siendo o haber sido víctima de un delito”. Por su condición, “los casos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas que se dedican al periodismo o a la defensa de los derechos humanos deben considerarse siempre desapariciones desde el primer momento.” Es decir, en estos casos, debe intervenir inmediatamente la Fiscalía de cada estado en conjunto con la Comisión de Búsqueda para perseguir un posible delito y abrir una carpeta de investigación. 

De acuerdo con el informe del Comité contra la desaparición forzada, existe una grave falta de coordinación entre la Fiscalía y las Comisiones de Búsqueda, igualmente existe poca disposición de la Fiscalía para tramitar las solicitudes de las comisiones de búsqueda. 

Igualmente, aunque las comisiones están a cargo de las búsquedas, “carecen de competencia para realizar allanamientos y geolocalizaciones, levantar restos y establecer cadenas de custodia. En suma, dependen plenamente de la respuesta de las Fiscalías para poder cumplir con algunas de sus funciones”, explica el informe. 

El Comité “considera prioritario que el Estado parte aclare las competencias de la Fiscalía General de la República, de las fiscalías especializadas federal y estatales y de las comisiones de búsqueda para permitirles cumplir con sus funciones de manera eficaz”. Así mismo, establece que el Estado debe asegurar la implementación efectiva de los protocolos homologados de búsqueda e investigación.

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