La narcodemocracia

Esta nota pertenece a una serie de dos partes donde se explora lo que implica ejercer la democracia en un país que convive con el narcotráfico.

En esta segunda entrega de la serie se explora el funcionamiento de la narcopolítica y su efecto en la democracia, a través del testimonio directo de sus actores en la región de Tierra Caliente, Michoacán; compilado en un reporte del International Crisis Group. Para entender el efecto en nuestra ciudadanía es necesario saber, aparte de las armas, ¿cómo opera el narco en nuestra democracia? ¿Qué significa para nosotrxs?

Por: Jorge Araujo

La violencia forma parte de nuestra vida diaria y cada vez más de nuestras instituciones, puede que haya llegado el momento de reconocer que vivimos en una narcodemocracia.

El 2 de junio del 2021, el International Crisis Group (ICG) publicó un informe titulado Violencia electoral e influencia ilícita en Tierra Caliente, donde a través de entrevistas se describe cómo el crimen organizado instrumentaliza las elecciones para aumentar sus ganancias y poder en esa localidad. 

La región de Tierra Caliente, en Michoacán, actualmente se encuentra en el corazón de una disputa territorial a medida de que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones más recientes y violentas, busca extender su dominio del estado. Michoacán es una de las 6 entidades que concentran cerca del 50% de los homicidios del país. En este estado se acribillaron a 20 de los 89 políticos asesinados durante la contienda electoral. Un vistazo al funcionamiento de la narcopolítica en la región podrá ilustrar cómo se ejerce en otras localidades.

El reporte del ICG describe una red de intereses preocupante. Tanto los miembros de alto rango de grupos armados, como los oficiales del ejército entrevistados coinciden en que los límites entre los dos bandos son a menudo fluidos, si no es que inexistentes. Relatan que de manera habitual se sostienen ‘pláticas’ entre las dos fuerzas donde intercambian inteligencia e incluso se pacta la actuación conjunta en contra de objetivos comunes. Según un comandante de alto rango de las fuerzas militares, existe una disposición generalizada a hacer acuerdos en todos los niveles de las fuerzas de seguridad, mismos que son aprobados por los funcionarios electos.

Contar con acceso al Estado mexicano es crucial para la supervivencia y expansión de las bandas delictivas. Un consultor político michoacano entrevistado por ICG señala: “si hay una regla que todos los grupos conocen (…) es que solo quienes tienen la protección del gobierno crecen”. La importancia de la protección estatal inclina a los cárteles a sabotear los acuerdos de sus competidores con funcionarios estatales y es durante la temporada de elecciones, cuando se negocian nuevos pactos, que existe el mayor incentivo para hacerlo. La influencia criminal en las elecciones es particularmente frecuente a nivel local, la capa más débil del gobierno. Los municipios con mayor presencia de grupos criminales fueron los más propensos a sufrir ataques violentos contra figuras políticas. En Tierra Caliente la influencia es tal que los candidatos con frecuencia se acercan a los cárteles en busca de apoyo. En las zonas rurales pueden llegar incluso a nombrar candidatos.

No obstante, en su mayor parte el crimen organizado invierte en las elecciones a través de la financiación ilícita de campañas. Imponer a unx candidatx resulta en mayores operativos, por lo que prefieren respaldar al candidatx oficial del partido con más probabilidades de ganar, al menos para cargos de alto nivel. La lógica se extiende a conseguir votos para la campaña de gobernación mejor posicionada y a la vez garantizar que el candidato del mismo partido gane a nivel municipal. Como explica un teniente de un grupo criminal operando en Michoacán: “la idea es que todo [los niveles de gobierno] sea del mismo color (…) para que nos dejen hacer nuestra chamba”. Esta pugna por influenciar cada vez más las esferas estatales de poder, paradójicamente, es el resultado de la debilidad de los gobiernos municipales, cuyas fuerzas de seguridad tienen cada vez menos relevancia. Por eso es necesario influenciar las fuerzas del estado, e incluso a nivel federal.

A cambio, los grupos criminales podrán obtener influencia directa sobre la policía local,  incluso del estado, que llegan a operar como facciones de la organización, empleándolas para el arresto o ejecución de objetivos rivales y protección del transporte de mercancía. El acceso a inteligencia de distintos niveles de gobierno, como órdenes de captura y operaciones en su contra, es otro de los posibles beneficios. En algunas ocasiones los cárteles llegan a sacar provecho de las finanzas estatales. 

De no obtener un retorno a su inversión, se pueden desencadenar nuevos ciclos de violencia. Para presionar a los funcionarios electos que no han cumplido su parte del trato, los criminales recurren a tácticas de alto impacto mediático como el ataque a funcionarios estatales, los bloqueos de carreteras y mensajes y vídeos públicos que afectan su reputación. Donde los pactos funcionan y son respetados se les conoce como ‘municipios paraíso’, casi ajenos a la violencia; pero estos municipios son la excepción. Lxs gobernadorxs, agregó un comandante militar, suelen doble-vender la plaza a varios grupos rivales, perpetuando la volatilidad de los acuerdos estatales.

El informe expone lo que para los mexicanos es un secreto a voces: las autoridades, a sangre de la ciudadanía, se enriquecen del narcotráfico. No solo lo permiten, sino que lo protegen, alimentan y, con una indiferencia delictiva, disponen de él para enfrentamientos sangrientos.

La narcodemocracia

La relación que existe entre la violencia, el narcotráfico y la democracia, transforma el significado de nuestro ejercicio electoral. La democracia se convierte entonces en un acto más de la tragicomedia que es vivir en México: en las boletas, con colores y nombres cursis, nos vemos obligadxs a elegir entre alianzas de partidos, delincuentes, militares, narcotraficantes. Al votar lxs mexicanxs, a sabiendas o no, elegimos a nuestros gobernantes, a nuestros jueces y a nuestros verdugos.

La entramada relación que existe entre las bandas delictivas y el gobierno acaba con la retórica bélica de los ‘dos bandos’. En realidad, el narcotráfico es la otra cara de la moneda del Estado, siempre que puedan llegarle al precio. La guerra contra las drogas es entonces la forma más violenta de ‘lobbying’ en el que intereses privados, dentro del Estado y el narcotráfico, luchan entre sí por mejor acceso al mercado y beneficios entre las autoridades gubernamentales. En medio de esta verdadera guerra económica existimos lxs mexicanxs, a quienes se nos exige soportar sus efectos más nocivos. A medida de que crecen las fortunas criminales, crece la violencia, el índice de impunidad, el tráfico de mujeres, de personas, de niñxs; la tala ilegal, el trabajo forzado, la extorsión, el secuestro, la desaparición forzada, la tortura, la violación; articulados, protegidos y garantizados por lxs funcionarixs que a votación directa elegimos cada tres o seis años.

La crisis de seguridad es en realidad una crisis democrática, donde se carece de disposición política para eliminar al crimen organizado. La influencia de los cárteles en las elecciones ponen en marcha un círculo vicioso que profundiza el problema y lo hace parte la democracia. Según información del INE y Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, al corte del 24 de mayo, los candidatos a gobernador habían reportado haber gastado más de 525 millones de pesos en campañas. No obstante, por cada peso que se declara 15 pesos no son declarados. Por ser una práctica generalizada se carecen de incentivos para fortalecer los controles que prevengan estas prácticas y las hace susceptibles a ser instrumentalizadas por el narco. Lxs candiadtxs dependen del dinero de procedencia ilícita para ganar las elecciones, una vez en el poder protegen el sistema político de facto, haciendo que la dependencia del dinero ilícito sea aún mayor.

Algo similar ocurre con la violencia política. Según Etellekt Consultores en su Cuarto Informe de Violencia Política en México 2021, el 89% de lxs candidatxs asesinadxs pertenecían al partido de oposición en su localidad. La violencia es parte del juego político, es una herramienta de la que se depende cada vez más en el fruncimiento de la democracia, y el resultado es que lxs candidatxs que lleguen a la boleta no sean ‘los menos peores’, sino lxs más violentxs.

El carácter violento que tiene nuestra democracia se extiende más allá del ejercicio electoral. Los dos pilares necesarios de una democracia sana, la libre prensa y la sociedad civil, también se han visto desproporcionadamente afectados. Según un reporte de Artículo 19, durante los primeros 20 años de vida democrática en nuestro país, 138 periodistas fueron asesinados por motivos directamente relacionados con su labor. La misma organización reportó que en el 2018, el 46.7% de las agresiones contra la prensa se registraron en el contexto electoral. Para las personas defensoras de derechos humanos la situación es igual de preocupante. Solo en el periodo del 2019 y 2020, 45 personas defensoras fueron asesinadxs. Diecinueve de ellxs se dedicaban a la protección de los derechos comunitarios, esenciales para el monitoreo de la sociedad civil en los gobiernos locales y municipales.

Si la democracia ha absorbido a la violencia y al narcotráfico, si restringe la libertad de votar y ser votado, si asesina a los inconformes y a la oposición, si está en todo momento dispuesta a sacrificar primero a la ciudadanía; lo que se ejerce no es democracia. Lo que en México se vive es la narcodemocracia: el secuestro, tortura y asesinato de la voluntad general.

La democracia en México aún es joven y apenas está echando raíces. Sin embargo si no se reconoce y se desmantela la relación que ha tejido con el crimen organizado y la violencia, la estructura sobre la cual construimos nuestra vida política se verá comprometida. Con cada elección donde se vota pasivamente, se desangra la democracia mexicana.

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