Democracia secuestrada

Esta nota pertenece a una serie de dos partes donde se explora lo que implica ejercer la democracia en un país que convive con el narcotráfico.

Se sabe que la violencia forma parte de nuestra vida diaria y cada vez más de nuestras instituciones, así que puede que haya llegado el momento de reconocer que vivimos en una narcodemocracia.

Por: Jorge Araujo

En la mañana del pasado domingo 6 de junio, en el día de las elecciones más grandes en la historia de México, un sujeto arrojó una cabeza humana en una casilla de la Colonia Terrazas del Valle, Tijuana. Horas más tarde, cerca de una segunda casilla de la misma localidad, se encontraron restos humanos en dos bolsas de plástico. Pasado el mediodía, otra cabeza fue arrojada en una casilla en el barrio Mariano Matamoros.

En las redes circulan videos de destrozos, incendios y disparos en casillas de diferentes puntos del país al mismo tiempo que, solo en el Estado de México, hasta 85 personas fueron detenidas por probable participación en delitos electorales.

Sin embargo, la Organización de los Estados Americanos (OEA), que funge como órgano observador de las elecciones federales y locales, asegura que la jornada transcurrió “sin incidentes de gravedad”. El jefe de la misión para la observación electoral, Santiago A. Cantón,  insistió que “ha habido incidentes como lo hay en todas la elecciones”, pero que aquellos incidentes no alterarían de manera significativa los resultados.

La violencia que se vivió durante la jornada electoral podrá causarnos indignación, pero no sorpresa. Al cierre del proceso, las elecciones del 6 de junio pasarán a la historia como el segundo ejercicio más violento del México moderno. Según asegura Etellekt Consultores en su Cuarto Informe de Violencia Política en México 2021, a un mes de la votación se habían cometido 476 hechos delictivos contra políticxs y candidatxs. Esto incluye el asesinato de 79 políticxs, de los cuales 31 eran candidatxs y aspirantes. 

Días antes de la contienda diferentes medios informaban que ese número ascendía a 89 víctimas entre los que estaban 35 candidatxs y aspirantes. Solo las elecciones del 2018 han resultado más mortales. Rubén Aguilar, politólogo consultado por el portal de noticias alemán DW, identifica a tres responsables detrás de los asesinatos políticos: el crimen organizado, candidatxs opositores y otros grupos de interés amenazados por la candidatura.

Sobre la ola de violencia política y su efecto en la democracia, el experto en seguridad Alejandro Hope comentó a DW lo siguiente: “‘La democracia en su conjunto no peligra (…) hay 22 mil puestos en juego. Han sido asesinados 100, es un porcentaje pequeño, pero este debería ser cero”.

Puede ser que la violencia no afecte el resultado electoral de la democracia mexicana, pero pensar que no influye en esta sería pecar de inocente. Lejos de ser solo una tragedia, la democracia como institución peligra cada vez que se coarta a algunx de nosotrxs con la violencia que permea en los comicios, que impide la libre decisión, que saca candidatxs de la boleta y para algunos retira el derecho al voto; no podemos decir que hay democracia. El pueblo no es soberano cuando se encuentra secuestrado. El autor de este secuestro intercambia papeles de autoridad y delincuente, y los límites entre los dos van desapareciendo con el tiempo. La ciudadanía entonces vive en una situación de facto que raya en lo absurdo: la democracia no está ausente, pero tampoco es plena.

Lo que podemos afirmar con certeza es que en México la violencia es un recurso político; lo ha sido desde el inicio y para tristeza de las y los mexicanos, la transición democrática contribuyó a la ola sangrienta que ha transformado su vida.

La democracia y la guerra contra las drogas

Durante 71 años, México vivió bajo un sistema autoritario centralizado que a través de pactos informales fue capaz de reprimir la disidencia y acomodar los intereses de grupos de poder locales y nacionales, incluyendo al crimen organizado. Esta estructura organizada alrededor del Partido Revolucionario Institucional  (PRI) otorgó a las diferentes capas del Estado una apariencia de cohesión. Con la transición democrática esta estructura nacional comenzó a fragmentarse, particularmente a nivel regional y municipal, donde los vacíos de poder y las contiendas electorales abrieron paso a la explotación directa de intereses privados y criminales.

Al mismo tiempo, el crimen organizado vivió su propio proceso de consolidación y fragmentación. En la década de los 80, Miguel Ángel Félix Gallardo unió las plazas más importantes del país para crear el Cártel de Guadalajara, la primera organización criminal a escala nacional. Durante casi una década, el cártel manejó con relativa paz acuerdos nacionales con las autoridades para producir y transportar narcóticos a Estados Unidos. Sin embargo, para 1989, Félix Gallardo y otros líderes de la organización habían sido arrestados en represalia por el secuestro y posterior asesinato del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena. Tras la caída de sus líderes, riñas internas y la rivalidad con el Cártel del Golfo, el Cártel de Guadalajara se disolvió parcialmente abriendo paso a una lucha por determinar el control de las plazas. Con la entrada de los Zetas, la lucha se intensificó y en los primeros años de la transición democrática alcanzó niveles alarmantes.

La fragmentación del Estado y el crimen organizado se convirtió en causa y efecto del inicio de la Guerra contra las drogas. La militarización de la estrategia de seguridad fue una respuesta del mando central para contrarrestar la corrupción e incapacidad de las fuerzas locales y estatales; y socavar los acuerdos entre autoridades y delincuentes. Tras 15 años del despliegue militar podemos declarar su rotundo fracaso. Lejos de apaciguar los niveles de violencia que frecuentemente superan máximos históricos, la estrategia complicó el escenario político. Al ver amenazados sus intereses, algunos grupos de poder locales se enemistaron con el gobierno federal, profundizando la desarticulación de los niveles del Estado. 

Estos vacíos de poder fueron aprovechados por las bandas delictivas que se han multiplicado ferozmente. Después de años de seguir la estrategia de capturar capos y delincuentes de alto perfil, sin desmantelar la organización criminal, los cárteles en México se han ido fraccionado. En el 2006, al inicio del conflicto, se reconocía la existencia de 6 cárteles que operaban en el territorio nacional. Para el 2019 el gobierno federal identificaba a 19 grupos de “alto impacto”. El International Crisis Group (ICG) ha identificado a 198 cárteles, pandillas y bandas regionales activas en México, más del doble de las que existían en el 2010.

Como este pequeño recuento puede demostrar, los pactos entre el gobierno y el crimen organizado no son un fenómeno de los últimos años. De hecho, ni siquiera se limitan al México moderno; esta forma de entablar relaciones precede al inicio del PRI. La novedad de la actualidad es la explosión de violencia, resultado del proceso simultáneo de fragmentación. Al haber más piezas en el tablero y menor control sobre los actores, los pactos entre autoridades y criminales se han hecho cada vez más volátiles, propensos a romperse bajo presión de las rivalidades entre cárteles y las ofensivas militares. Donde se rompe un pacto explota la violencia. Pese a su fragilidad, estos acuerdos son esenciales para el éxito de las bandas delictivas en sus disputas territoriales, lo que los orilla a participar directamente en la política.

Esta necesidad estratégica amplía la esfera del quehacer político. Esta política tiene el objetivo de confeccionar acuerdos y comulgar intereses entre los grupos de poder, donde ahora figura el narcotraficante. A este fenómeno se le conoce como: la narcopolítica.

En la segunda entrega de esta serie se explora el funcionamiento de la narcopolítica y su efecto en la democracia, a través del testimonio directo de sus actores en la región de Tierra Caliente, Michoacán; compilado en un reporte del International Crisis Group. 

Para entender el efecto en nuestra ciudadanía es necesario saber, aparte de las armas, ¿cómo opera el narco en nuestra democracia? ¿Qué significa para nosotrxs?

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