Ayotzinapa: Sin verdad no hay justicia

A siete años de la desaparición forzada de los estudiantes, todavía no hay justicia. El discurso oficial fue una mentira histórica. Sabemos que nos faltan 43. Sabemos que nos faltan, en realidad, 90,000.

Que vivan los estudiantes

Que rugen como los vientos

Violeta Parra

Por: Paola González | @norapaolags

En la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 ocurrió el suceso que representaría -ante los ojos del mundo- el punto más álgido de la violencia durante el sexenio de Enrique Peña Nieto: la desaparición forzada de 43 normalistas de la Escuela Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. La reacción internacional que siguió a la desaparición de los estudiantes forzó tanto al gobierno como a la sociedad mexicana a reconocer frente a la opinión pública global una realidad escondida durante años: la participación del Estado en los crímenes perpetrados contra la población civil desde que inició la guerra contra el narcotráfico en el 2006.

El día de ayer se cumplieron siete años de la desaparición forzada de los estudiantes. Hace siete años el mundo reaccionaba ante el horror mexicano y nos posicionaba en el mismo nivel que un Estado en guerra civil. Recuerdo haber estado avergonzada del discurso condescendiente con el que se trataba el tema desde la prensa internacional y miraba con asombro las protestas que se daban a lo largo del país. El caso politizó de tal manera al país que miembros de la comunidad artística, intelectual y deportiva, muchos de ellos totalmente despolitizados, tuvieron que manifestar su inconformidad con la situación porque así lo demandó la opinión pública.

No me detendré en la crónica de la desaparición, pero sí en algunos detalles que ayudarán a entender en dónde estamos posicionados respecto al caso. Sabemos -gracias al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y al cambio que hubo en los lugares de búsqueda- que la verdad histórica impulsada por el discurso oficial fue una mentira histórica. Sabemos que los estudiantes -o algunos de ellos- fueron arrojados a la barranca de la carnicería y no destruidos en un relleno sanitario. Sabemos que el gobierno federal sembró evidencias. Sabemos que los tres niveles de gobierno desviaron la atención de la búsqueda. Sabemos que Christian Rodríguez, Jhosivani Guerrero y Alexander Mora están muertos. Sabemos que las familias están cansadas. Sabemos que nos faltan 43. Sabemos que nos faltan, en realidad, 90,000.

El tiempo

El principal obstáculo contra el que lucha la comitiva de búsqueda y los familiares de los desaparecidos es el tiempo. De 2014 a 2019 no se habían encontrado indicios de la muerte de 42 de los estudiantes desaparecidos. Solo se tenía conocimiento de la de Alexander Mora, cuyos restos habían sido supuestamente hallados en el río San Juan en el inicio de la investigación del gobierno de Peña Nieto. Desde que la comitiva llegó a la barranca, en un año y medio se han podido reconocer los restos de dos de los estudiantes, lo que brinda esperanza a los investigadores y a las autoridades encargadas de la búsqueda.

Los familiares se cuentan entre las 700 víctimas del caso. Los vemos en las manifestaciones año con año, como voceros de derechos humanos denunciando los crímenes de Estado perpetrados durante los últimos dos sexenios. Se acompañan de una fuerza que emana de los lugares del dolor y que caracteriza a muchas de las mujeres y hombres que buscan. Sin embargo, algunxs de ellxs han muerto. Saúl Bruno García y Bernardo Campos, padres de dos estudiantes, murieron durante este año. Muchos tienen enfermedades crónicas, producto de la somatización del dolor, que les impiden continuar. Además de ello, cargan con deudas económicas provocadas por esta situación, que se agrava año con año.

La Fiscalía y la Secretaría de la Defensa son los principales actores que impiden el esclarecimiento del caso. La lentitud de la Fiscalía se aprecia con mayor intensidad en la falta de rendición de cuentas sobre la detención y la extradición de Tomas Zerón y otra treintena de implicados. La Secretaría de la Defensa impone uno de los obstáculos más difíciles de sobrepasar debido al amplio apoyo con el que cuenta el ejército durante este sexenio.

Christian y Jhosivani

Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. Tenía 19 años cuando desapareció. Le gustaba la danza y quería ser veterinario.  Las personas que lo conocieron lo describen como una persona muy responsable y dedicada al estudio. Jhosivani Guerrero de la Cruz. Su mamá y su hermana lo recuerdan como un niño travieso y creativo. Provenía de una familia de campesinos, quería ser maestro para aliviar las carencias en su casa y su comunidad. Le gustaba mucho jugar fútbol.

Christian y Jhosivani, sus caras, que nos han brindado esperanza estos dos últimos años, se confunden entre las de sus compañeros. Los desaparecidos de Ayotzinapa ahora son un ente colectivo que impulsa nuestra ira y nuestra esperanza. Basta vislumbrar sus fotografías para que nuestra memoria los evoque. Los encontramos en las caras de sus padres que gritan bajo la lluvia y el frío. Los encontramos en las voces que cortan el miedo de una sociedad que opta por el silencio. Ayotzinapa vive en todxs nosotrxs.

La Guerra contra el Narcotráfico

El caso de Ayotzinapa fue parte de una serie de casos en donde el Estado utilizó su fuerza contra la población civil. La narrativa que descargó la responsabilidad en el grupo de Guerreros Unidos forma parte del modo en el que el Estado divide bandos durante la Guerra contra el Narcotráfico: las fuerzas del Estado protegen, los cárteles son el extraño enemigo. Ayotzinapa derrumbó de una vez por todas esta narrativa y no solo implicó al gobierno mexicano, sino al gobierno alemán y al estadounidense por su participación en el tráfico ilegal de armas hacia nuestro país.

A siete años del caso, veo cómo Ayotzinapa nos hizo darnos cuenta de la forma en la que el Estado utilizaba al crimen organizado para actuar con total impunidad contra su propia población. El régimen necropolítico mexicano fue traído a la luz y evidenciado frente al mundo, sin embargo, sigue más vigente que nunca. La cifra de desaparecidxs en el país no para de crecer, mientras la austeridad y la pandemia se han conjugado en una fórmula mortal para la búsqueda. La labor incansable de las familias, las iniciativas jurídicas, artísticas e intelectuales, el activismo y el empuje de la opinión pública cobran, por lo tanto, una mayor relevancia en esta batalla contra el olvido.

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